La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que derogan a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, sientan las bases para poder implementar sistemas que permitan a los ciudadanos acceder a los servicios públicos por medios electrónicos. El marco normativo establece que los ciudadanos podrán utilizar, de acuerdo con lo que cada administración determine, otros sistemas de firma electrónica como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos en los términos y condiciones que en cada caso se determinen. La legislación vigente en materia de Administración Electrónica reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos y el deber de las Administraciones de utilizar las tecnologías TIC, de manera que se aseguren los principios de disponibilidad, accesibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y conservación de los datos.